Universidades estresadas: esta expresión podría describir el actual estado de varias de las instituciones universitarias de nuestro país. A las restricciones derivadas del coronavirus se han sumado la acumulación de años financieramente complejos y algunas incertidumbres en materia de institucionalidad, con definiciones constituyentes ad portas. Sobre algunas de las materias que involucran el quehacer universitario en el Chile de hoy, dialogamos con rectores de dos casas de estudio que han asumido, como centro de sus tareas universitarias, la necesidad de contribuir a lo público.

Carlos Saavedra —doctor en Ciencias Exactas, mención en Física— es rector de la Universidad de Concepción desde abril de 2018. La suya ha sido una trayectoria marcada, junto a una prolífica investigación académica, por su vocación por la pedagogía. También, por su interés por los retos de su casa de estudios: ya el año 2014 había competido por la rectoría.

En tanto, Eduardo Silva S.J. —doctor en Teología— es rector de la Universidad Alberto Hurtado desde marzo de 2016. Ha desempeñado numerosas tareas en lo académico, entre ellas, el decanato de la Facultad de Filosofía y Humanidades, participando muy activamente en la vida institucional desde la creación de la Universidad en 1997.

José Francisco Yuraszeck S.J.: Si vieron la película No mires arriba, habrán observado la tensión entre un descubrimiento científico, la política, las grandes empresas y los medios de comunicación, dinámicas que a veces van en direcciones contrarias. Se observa cómo, por no escuchar lo que dicen los científicos, termina el mundo destruido. Así las cosas, en su rol de rectores de universidades, ¿cómo viven esa relación entre cultivar el saber y la búsqueda de la verdad, y la tensión que se da con otros estamentos de la sociedad?

Eduardo Silva S.J.: Las universidades latinoamericanas están fuertemente influidas por las universidades de tipo napoleónico, es decir, universidades al servicio del desarrollo nacional. A eso, se suma el imperativo de la Reforma de Córdoba (1918), que señala que estas tienen que estar al servicio del pueblo. Si privilegiamos ambas inspiraciones, asumiremos que las universidades parecen justificarse en virtud de su utilidad —las necesidades del Estado— y su compromiso —las necesidades del pueblo—. Frente a esos inmediatismos muchos académicos sueñan con una universidad tipo Humboldt, vale decir, instituciones como las universidades alemanas, dedicadas al cultivo del saber, con tiempo y libertad. Pero deben acreditar ese cultivo con publicaciones referadas y obteniendo fondos concursables. Tenemos entonces una espacie de cuadratura del círculo: por un lado, es lo que el país les pide; por otro, sus anhelos de dedicarse al estudio, aunque estén compelidos a ganar puntos en un sistema cada vez más competitivo. . Los rectores, les exigimos que ganen esos puntos, pues implica posicionamiento y financiamiento de las universidades. Se me viene, entonces, una frase de Jorge Millas: “La universidad está en función de la vida humana y eso es con anterioridad a las circunstancias de su tiempo y de su mundo”. Dicho en fácil: la universidad no es una institución llamada a responder inmediatamente a una situación, a un problema, a una causa. Va a poder hacerlo en la medida en que toma distancia, cuestiona, duda, reflexiona. Va a poder responder en la medida en que no se sume a los eslóganes ni a los discursos del momento. La tarea primaria de la universidad y de los universitarios no es opinar sobre la contingencia. Solo con esa distancia, con muchas horas de investigación, van a ser capaces de responder a las necesidades emergentes, como la de un cometa que asoma amenazante. Gracias a esa distancia va a poder cultivar gratuitamente la disciplina. Es de esa manera que se da esa tensión con lo inmediato.

Carlos Saavedra: Comparto el tenor que se señala para el desafío de las universidades. Ahora bien, todas las universidades a lo largo de la historia han tenido esta tarea dicotómica de, por un lado, dar respuesta a lo local o a lo territorial, y, por otro, a la respuesta global o universal que permita hacer avanzar el conocimiento de la humanidad. Esperamos que este dilema no sea trágico y pueda armonizarse en algún sentido. En las universidades chilenas, esta disyuntiva es más dramática porque está asociado al financiamiento. Y sus tareas misionales han ido en aumento, pues en nuestro país se cree que las universidades deben dar respuesta a una infinidad de misiones que no siempre armonizan con oportunidades de financiamiento.

En referencia a la película mencionada: en su inicio, cuando desde el observatorio Paranal se mira el universo profundo, hay una búsqueda de sus orígenes —es decir, se hace referencia a una pregunta universal—, pero se descubre al cometa por accidente. Es así como se percibe la realidad inmediata, que puede modificar el devenir completo de la humanidad. Lo que quiero decir es que la ciencia solo puede dar respuesta a lo inmediato porque está pensando en lo permanente. Eso es parte de los dilemas científicos.

A propósito de comisiones de futuro en el Ministerio de Ciencias, he planteado que nuestro país no tiene características que nos permitan tener un Premio Nobel. En 1998 tuve la oportunidad de conversar con los padres de la computación cuántica y me comentaron cómo el director de su laboratorio debía batallar duramente año a año para lograr un presupuesto de tres a cinco millones de dólares. Y batallaba, sin poder mostrar resultado alguno de la actividad de ese laboratorio: es decir, sin un resultado publicable ni tampoco medible. Aun así, con mucho esfuerzo a ese laboratorio se le aseguraba financiamiento, aunque se le advertía duramente que ese país —un país desarrollado— no estaba preparado para sostener esa actividad investigativa mucho tiempo sin tener resultados en ella. Sin embargo, ese equipo perseveró y tras unos años de estudio, publicó cien artículos que cambiaron la historia. Los resultados de esta investigación tienen hoy más de cien mil citas y sigue sumando.

¡Imaginemos lo que puede ser eso para un país como el nuestro! En Chile no es posible esa investigación. En otras palabras, nuestras universidades y nuestro sistema de investigación no están preparados para dar respuestas a temas trascendentales. En la búsqueda de estas, se requiere poder invertir a partir del reconocimiento de las personas, los equipos de trabajo y las instituciones que los respaldan. La realidad es que en Chile no es posible que las universidades puedan libremente decidir en qué áreas apoyan a sus investigadores para desarrollar nuevos conocimientos.

Volviendo a lo que expone la película: nosotros solo podríamos ver el cometa porque nuestros astrónomos están allí, observando. Pero están allí también, porque otros desarrollaron instrumentación de frontera que les permitió hacer esas observaciones.

E.S.: Solo lograremos el hallazgo en la medida en que estemos mirando gratuitamente el cielo. Efectivamente estamos en presencia de una tradición centenaria. La Universidad de Salamanca cumplió 800 años hace un tiempo. En ser fieles a esa tradición está el secreto de su innovación. Y que resista una institución de esta naturaleza constituye la mejor prueba de que es capaz de adaptarse a cada centuria. Además de las muchas cosas que hacemos, hay una que no podemos dejar de hacer, pues es la misión que solo la universidad puede hacer; el cultivo y la transmisión del saber superior. Está permanentemente haciendo nuevos descubrimientos, inventando: reinventando lo que son las disciplinas. Enseñando cada vez a nuevas generaciones. Justamente, su carácter tradicional es lo que permite la innovación.

BUENAS NOTICIAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR

J.F.Y.: Respecto del sistema universitario chileno, ¿cómo se asumen los desafíos del momento presente y cuáles son las limitantes para asumir esos desafíos de buena manera?

E.S.: Una de las novedades de la universidad contemporánea es responder a la sociedad de masas. Normalmente, esta comunidad de maestros y discípulos se ocupaba de una parte de la elite. Tenía solo una elite intelectual —o de conocimientos—, una elite ilustrada. Hoy las universidades se han hecho cargo de otros servicios porque tienen que formar profesionales, ¡y no un pequeño grupo! Éramos veinte mil en los años sesenta. Actualmente, se forman seiscientos mil en nuestras universidades, más otros seiscientos mil que están en institutos profesionales y centros de formación técnica. Así, la universidad efectivamente ha asumido la masificación.

Ahora bien, en el caso chileno esa masificación —que es una buena noticia, pues la educación superior se ha hecho asequible a prácticamente todos los que tienen talento— se ha dado en el marco de una privatización, lo que provoca mucha heterogeneidad. Es un sistema sobre el que se pueden hacer varias consideraciones. La reforma eliminó la finalidad de lucro, el retiro de excedentes. Se estableció un fuerte sistema de acreditación que hace que las universidades cada vez tengan que pasar más pruebas y que las que no puedan pasar esas pruebas, desaparecen. El sistema en ese sentido ha ido mejorando notablemente.

C.S.: Efectivamente, en Chile ha habido buenas noticias en educación superior. Eso debemos decirlo. La diversidad de proyectos le hace bien al país. Nos alegramos mucho cuando el 2019 se incorporaron al Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (CRUCH) las universidades Diego Portales, de los Andes y Alberto Hurtado. Es un aporte que se integren nuevos proyectos educacionales. Representan formas complementarias de cumplir la tarea.

La Universidad de Concepción en su momento fue tan disruptiva como estas universidades entrando al CRUCH. A nuestra ciudad se le prohibió contar con una universidad estatal. Sin embargo, la ciudadanía la creó de todas maneras, ya que era necesario dar respuesta a necesidades de formación de profesionales y de atender problemas inmediatos.

Hemos hablado de la dualidad en que se mueven las universidades: pues bien, la creación de las primeras carreras en nuestro caso tuvo mucho que ver con las necesidades de la región. Debemos recordar las necesidades posteriores a la pandemia de 1918 y que nuestra universidad nace en 1919 y que una de las primeras carreras fue Farmacia. También, Odontología, para dar respuesta a las necesidades inmediatas de la población. La tercera fue Química Industrial, apuntando a las necesidades de industrialización del país. La cuarta fue Pedagogía en Inglés, en referencia a la necesidad del comercio a través de los puertos. Es decir, nuestra universidad nace muy de la mano de la necesidad de responder a los requerimientos locales y territoriales, aunque también se abre a las artes liberales desde un inicio. Entonces, comparto lo que señala Eduardo acerca de esta apertura amplia. En los años sesenta eran veinte mil y en los ochenta, cuando se abre el sistema de universidades, eran ciento diez mil los estudiantes en educación superior —no en enseñanza universitaria, sino que en educación superior— y hoy son un millón doscientos mil. Es decir, desde los años ochenta se ha multiplicado en un factor diez u once ese número, mientras la población no ha crecido en esa misma proporción.

Efectivamente, también es una buena noticia incorporar elementos de regulación en el sistema. Es decir, que no crezca de manera desmedida la oferta académica. Que no se creen expectativas falsas a los estudiantes y que el Estado pueda entregar recursos a lo menos a una parte importante de ellos, hasta los seis primeros deciles, pues sabemos que está condicionado esto al crecimiento de nuestro país. Se abren nuevas y buenas oportunidades. El Sistema Nacional de Acreditación y de aseguramiento de la calidad tiene que atender a afianzarse en forma más articulada que la alcanzada hasta ahora. Corresponde rendir cuenta pública del uso de los recursos que las instituciones realizan, pero también se deben abrir los espacios, pues es importante que estas, ya sean públicas o privadas, puedan tomar decisiones en materias de largo aliento, que van más allá de la inmediatez para desempeñarse en ámbitos científicos culturales artísticos y en numerosos sectores del saber. Se trata de que las instituciones puedan apoyar áreas de conocimiento que requieran tiempos más extensos para alcanzar sus objetivos.

QUÉ ES LO “PÚBLICO”

J.F.Y.: A propósito de la tarea de rendir cuenta de los fondos públicos y de la creatividad y de la tarea que les cabe, ahí hay otra materia que se debe abordar. Está también ese tema de cómo lo privado puede abordar cuestiones del ámbito público. ¿Hay algo del carácter público de las universidades que ustedes encabezan, que les gustaría poner de relevancia? ¿Qué importancia tiene ese carácter público y ese aporte a la sociedad?

E.S.: Ese va a ser un debate constitucional. Para definir lo público, yo puedo considerar tres puntos. Un primer criterio es la pregunta de quién es el dueño, de quién es la propiedad de la universidad. Entonces se separa lo estatal de lo privado y se reserva el carácter público solo a lo estatal. Otros pensamos que lo público tiene que ver con los bienes públicos que las instituciones producen. Finalmente, hay una especificidad también de quienes sostenemos que, si lo propio de la Universidad es el uso público de la razón, las universidades son públicas por definición, en la medida en que sean universidades.

Entonces, ¿qué es lo que hace que una universidad sea “universidad”? Tiene que ser compleja. No solo tiene que ser docente, sino que también tiene que investigar y debe socializar y extender su conocimiento; vale decir, dar valor público a ese conocimiento. En segundo término, tienen que ser autónomas respecto de sus dueños. Los académicos deben gozar de plena libertad académica. En tercer lugar, tienen que ser reguladas; vale decir, deben cumplir todos los requisitos pertinentes para funcionar. Deben demostrar su acreditación, lo que implica demostrar públicamente su calidad. En ese sentido, la provisión educacional en Chile ha sido siempre mixta. Cumplimos con esos criterios, de manera que es muy difícil decir que la Universidad de Concepción o la Universidad Católica de Valparaíso no son públicas, o que son menos públicas que la Universidad de Santiago o la Universidad de Talca. Todas ellas cumplen con los requisitos de lo público: autonomía, regulación, calidad acreditada y compleja.

C.S.: Precisamente, estas ideas estarán en la discusión constituyente. Aspiro a que constitucionalmente a todas las universidades agrupadas en el CRUCH, que para mí son lo homologable a lo que había en el sistema en 1971, el Estado asuma el deber de garantizarles, en tanto universidades públicas, el conjunto suficiente de recursos para el desarrollo de sus funciones. Esta es una aspiración mayor que esperamos que se refleje en la discusión constitucional. Hay argumentos y elementos teóricos y prácticos que demuestran que lo estatal no garantiza la universalidad. Esto se vincula con la concepción de una universidad napoleónica en la cual lo público no se vincula únicamente con el Estado. Más bien, se refiere al rol de dar cuenta pública de los recursos que se emplean. Importa que los beneficios no se queden en los propietarios de la institución. Por ejemplo, la Universidad de Concepción no es estatal y no tiene dueño. En ese sentido, hay quienes piensan —incluso desde el mundo de las estatales— que la Universidad de Concepción es más pública que algunas estatales. No tiene dueño y tiene que rendir cuentas a la ciudad. Es, así, única en el sistema y se ha ido construyendo un modelo propio.

Es un tópico que va a estar en el debate constituyente. Espero que podamos seguir construyendo en el sentido de lo que hoy existe: universidades sometidas al escrutinio de otras universidades, como ocurre en el CRUCH. Así, estas instituciones dan cuenta de cómo satisfacen ciertos requisitos de calidad y muestran que su funcionamiento se encuentra en igualdad de condiciones, también en excelencia, apertura y acceso a la universalidad de los estudiantes.

La Universidad de Concepción ha tenido tres momentos en los que ha tenido reconocimiento por ley de su carácter público. Fue en 1927, en 1953 y en 1956, y recientemente también, por parte de la Corte Suprema, que analizó vio unos recursos judiciales presentados. Existe jurisprudencia en ese sentido. En Chile, lo público no se acota a lo estatal y, al respecto, hemos trabajado de cerca con grupos importantes en la Convención Constitucional.

LA GRATUIDAD COMO POLÍTICA PÚBLICA

J.F.Y.: Junto a lo anterior, está el tema del financiamiento o del aporte que hace el Estado para sostener en la Universidad la gratuidad como política pública. Es una política que garantiza universalidad en el acceso, pero también agobia a algunas universidades por la exigencia financiera que puede representar.

C.S.: Pienso que la gratuidad que, según Ud. menciona, “agobia”, constituye una oportunidad interinstitucional. El problema no es la gratuidad. La gratuidad es una buena noticia. El problema consiste en cómo fijamos los valores que se otorgan a las universidades para el financiamiento a los estudiantes de pregrado y la interrelación de ese financiamiento con las tareas misionales de la universidad.

“Gratuidad” es un mal nombre para la que es una política estatal de financiamiento de la educación. No hay gratuidad en los estudios, pues alguien tiene que financiarlos. Esta es una buena política, aunque no con una buena implementación. La paradoja está dada por el modo como se fijan los aranceles regulados para cada carrera. El Ministerio de Educación no correlaciona esa fijación con la misión de generar conocimientos para la investigación, el desarrollo y la innovación y, por lo tanto, no hay vinculación entre ambas variables. Por otra parte, dentro del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad está la Comisión Nacional de Acreditación, que es valiosa en el sentido de señalar que una Universidad no está acreditada si no es capaz de construir nuevo conocimiento, y también exige que ese nuevo conocimiento influya en la formación de estudiantes de pre y posgrado, es decir, que impacte de manera demostrable, acreditable. Se observa en esta situación dos hechos que no se concilian bien, a raíz del quehacer de dos entes distintos.

E.S.: Estoy de acuerdo con que la gratuidad es una buena noticia. Y es una buena noticia que tengamos este acceso universal, que las familias en tiempo presente no tengan que hacerse cargo del financiamiento de los estudiantes, porque no pueden hacerlo. Sin embargo, no es tan evidente que de ese financiamiento no deban hacerse cargo los profesionales que se sirvieron de esa política de gratuidad. Es muy bueno para el país formar profesionales. Y también es muy bueno para cada profesional haberse formado y haber aumentado sus remuneraciones en virtud de ese título profesional que la nación le dio. Entonces, sostengo que podría establecerse algo así como un impuesto a los graduados: quien recibió su título gracias a la renta nacional, puede devolver para que otros que lo necesitan tengan también acceso a estudiar gratis. Y creo que en el fondo siempre fue así en nuestro país.

CONGRUENCIA PARA LAS MISIONES UNIVERSITARIAS

C.S.: Junto con lo anterior, opino que tenemos que avanzar en compatibilizar el cómo se implementan los mecanismos de regulación y el cómo se garantiza el financiamiento. Se requiere incorporar elementos para lograr interdependencia entre las tareas misionales de la universidad.

Y hay que tener a la vista lo que demanda la tarea de investigación. El costo de generar conocimiento es quince veces mayor que lo que entrega el Estado a las universidades para gastos generales en la generación de investigación. Este no cubre ni un tercio de lo que necesitamos en hemeroteca, es decir, de lo que necesitamos solo para que el personal científico o los estudiantes de posgrado estén al día en su quehacer científico.

En el programa del gobierno que asumirá en marzo —como ha sido en todos los programas de gobierno desde 1990— se dice que se incrementará al 1% del PIB el gasto en ciencia. Seguimos oscilando por debajo del 0,4% desde 1967. ¿Cómo podemos aumentar de manera racional y gradual estos recursos para investigación? ¿Y para que aporten para los modelos formativos de los nuevos profesionales?

Mi propuesta es invertir 0,1% en incorporación de personal el 2023. Luego, el 2024 agregar otro 0,1%, que permita infraestructura y equipamiento. Al año siguiente, otro 0,1% para los fondos basales que permitan enfrentar los problemas de largo aliento, los que hacen avanzar a la humanidad y nos garantizan estar efectivamente en la frontera del conocimiento.

E.S.: De lo que dices, Carlos, se deduce que en la reforma a la educación superior ha habido medidas para la formación, la docencia, el pregrado, la gratuidad y el CAE, pero no ha existido una política para el financiamiento de la investigación en las universidades públicas. Es la gran ausente de la política universitaria. Hay aportes basales, que se establecieron con anterioridad a 1981. Pero también sabemos que esos montos son bastante históricos y están desregulados. No tienen mucha lógica. No se condicen con lo que las universidades producen. Más bien, son el resultado de un devenir histórico.

CRÉDITO CON AVAL DEL ESTADO

E.S.: Respecto del CAE, quiero agregar que hay que distinguir lo que fue el primer CAE, el del 6% de interés, de Ricardo Lagos, con el de 2%, de Piñera. El primero resultó muy oneroso para quienes se endeudaban. El segundo, no. Este tiene tres años de gracia para empezar a pagarlo si el profesional tiene un sueldo de cierto nivel, con tres años de gracia, con un pago proporcional al sueldo y con un plazo de expiración a los veinte años. Es un crédito muy blando, aunque está el problema de los que no logran titularse.

C.S.: Coincido en que resulta adecuado a que las personas puedan aportar. Recuerdo que con el Crédito Fiscal Universitario, se pagaba en contingencia con el ingreso. Durante los estudios de posgrado, se congelaba el pago. Y después se pagaba con un plazo que consideraba un límite.

En teoría económica se señala que gravar con impuestos a los profesionales jóvenes tiene un costo y no representa un buen retorno, pero hay que buscar la manera de avanzar. Igualmente, hay que abordar el esquema vigente que otorga los beneficios solo hasta el sexto decil. Ocurre que hay límites muy difusos con los deciles superiores. Si examinamos ingresos familiares, vemos que las diferencias se producen únicamente en el décimo decil, con una curva que al final es muy exponencial y solo un tres por ciento de la población puede efectivamente costear la enseñanza universitaria. Familias que, por estar en el séptimo u octavo decil, hoy tienen que pagar, finalmente, a causa de ese esfuerzo económico quedan en situaciones precarias.

E.S.: Eso explica el malestar. Más del 85% de las familias, a raíz del nivel de consumo que tienen, viven al día, viven con angustia por no saber cómo llegar a fin de mes.

EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS

J.F.Y.: ¿Cómo se puede evaluar, finalmente, el impacto de las restricciones sanitarias por la pandemia en la actividad de las universidades?

E.S.: Ha sido un milagro la capacidad que han tenido las universidades de pasar, de la noche a la mañana, a lo virtual. En el caso de la Universidad Alberto Hurtado, cada semana son 1.460 actividades entre cursos, seminarios, tutorías, etc. Se hizo un buen trabajo en el primer semestre, pero el segundo fue mejor. Es cierto, sin embargo, que toda la situación provocó un retardo en el aprendizaje y tenemos el desafío de recuperar eso.

La pandemia también evidenció la precariedad y las dificultades de muchos de nuestros estudiantes. Hubo quienes debieron suspender los estudios. Eso fue muy dramático. Algunos pudieron volver. Otros no pudieron emprenderlos. Esperamos que se normalice el año 2022.

Obviamente, vamos a tener que reincorporar la tecnología que hemos implementado ahora, pero creemos en que la presencialidad es condición sine qua non de la educación, en general, y de la educación superior, en particular. Esto involucra condiciones esenciales en la formación de personas. Creemos que intentar la presencialidad es un imperativo.

C.S.: En la evaluación general, el esfuerzo de la comunidad hizo posible una migración masiva a la no-presencialidad. Solo en pregrado, en la Universidad de Concepción tuvimos que implementar más de cinco mil cursos cada semestre. Teníamos un proyecto piloto para el año 2020 que pretendía para implementar treinta asignaturas y por eso habíamos contratado tres mil espacios en aulas digitales. Pues bien, en un par de semanas tuvimos que pasar a treinta y un mil. Lo anterior demuestra el esfuerzo que se hizo, da cuenta de la plasticidad/flexibilidad de nuestras instituciones, plasticidad/flexibilidad que está asociada a la generación y transmisión de conocimiento. Esta idea de que las universidades son instituciones que se mueven lentamente, quedó demostrada que no es correcta. Ahora tendremos que volver mayormente a lo que hacíamos antes, pero nos hemos dispuesto a mantener un 25 por ciento de actividades de carácter híbrido o no presencial. Vamos a mantener incorporado al presupuesto de la Universidad el empleo de plataformas digitales, lo cual es además una oportunidad para formar en términos de posgrado. No se trata de un reemplazo, pero sí de una opción para enriquecer el proceso formativo y de modernización. Por ejemplo, en Medicina, tenemos varios pabellones quirúrgicos digitalizados, que permite a los estudiantes revisar varias veces una intervención quirúrgica. MSJ

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Fuente: Diálogo publicado en Revista Mensaje N° 706, enero-febrero de 2022.