Revista Mensaje Nº 696. «Nueva Constitución: Abrir espacios a la sociedad civil»

Es importante la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el trabajo constituyente. Esas instancias merecen espacios: gozan de la confianza de la gente, mientras los partidos políticos languidecen.

José Antonio Viera-Gallo

02 febrero, 2021, 12:50 pm
31 mins

En Chile existe una vasta red de organizaciones de la sociedad civil, que cobró un gran impulso durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva con la creación de las juntas de vecinos y las organizaciones campesinas, y que sufrió un duro golpe durante la dictadura militar. Desde el retorno a la democracia, esas organizaciones se han multiplicado y diversificado, cubriendo prácticamente todos los campos de interés (1).

Según el Centro de Políticas Públicas de la PUC el año 2020 habría 319.000 organizaciones inscritas legalmente, con un crecimiento exponencial medido a partir del 2006. Las que más abundan son de tipo funcional. Se dedican al desarrollo social y la vivienda y a la cultura y el deporte. Por lo general, gozan de la confianza ciudadana. Están cerca de la gente en sus problemas más candentes y su acción es apreciada. Rompen el muro del aislamiento y potencian la capacidad de acción de los ciudadanos. Alcanzan un 70% de valoración positiva.

Se trata de una red asociativa que funciona de forma más o menos silenciosa durante los períodos de normalidad. Cuando un problema se agudiza, salta a la palestra pública. Pero, sobre todo, se hace visible durante las crisis nacionales, sea por eventos de la naturaleza, sea por problemas económicos o sociales.

Por el reconocimiento que han recibido por parte de la ley, sus dirigentes se sienten empoderados, así como portadores del interés de los afiliados a su organización. La ley de Juntas de Vecinos marcó un hito y, más recientemente, la Ley N° 20.500 facilitó la obtención de personalidad jurídica y resaltó el papel de las organizaciones cuya finalidad es promover el interés general en diversas materias, creando un fondo de apoyo y estableciendo mecanismos de participación de dichas organizaciones en la gestión pública.

UN ACTOR SOCIAL  IMPRESCINDIBLE

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se han convertido en la contraparte natural de las políticas públicas. Hacen valer sus puntos de vista e intervienen en el proceso de deliberación política (2). No solo dirigen su acción hacia el Estado, sino también están presentes en el mercado a través de organizaciones tradicionales como los sindicatos y las agrupaciones empresariales, y también con la aparición de los consumidores y de los grupos preocupados por el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable. El derecho de los consumidores ha tenido un notable desarrollo asociativo y legal. Otro tanto se puede decir con la institucionalidad medioambiental y el papel de la ciudadanía organizada durante la tramitación de los permisos de impacto ambiental de los proyectos de inversión.

Las nuevas tecnologías de la comunicación han amplificado su radio de acción y facilitado su intervención en los asuntos públicos. El sector emplea ingentes recursos financieros y humanos: es responsable por el 2,1% del PIB, multiplicando en poco tiempo el volumen de los recursos que gestiona.

Esta red tiene hoy un estatus constitucional. En el artículo 1° de la Carta Fundamental se afirma que “el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad civil y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”. Sin embargo, al referirse a algunas de esas organizaciones, como los sindicatos y los colegios profesionales, desconoce su naturaleza específica y limita su acción, es decir, manifiesta un cierto recelo al respecto.

Sin duda, este será un tema debatido en la futura Convención Constitucional. Es de esperar que, siguiendo el principio de solidaridad y el derecho de asociación, se establezca un estatuto más coherente de los organismos de la sociedad civil y de su participación en la administración el Estado, siguiendo el camino abierto por la Ley N° 20.500.

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Abogado; investigador asociado del Centro de Políticas Públicas de la P. Universidad Católica.