Sr. Director:
Luego del resultado del plebiscito se plantea la necesidad de reiniciar el proceso constituyente. Lo que ahora corresponde es un acuerdo político amplio en el Congreso Nacional, que sea después visado por el Presidente de la República, en torno a cómo convocar una nueva Convención. Esto supone concordar el sistema electoral, el marco regulatorio de esa instancia y la opción acerca de si su resultado será sometido a plebiscito nuevamente, o no. Enseguida, se debiera proceder a la elección de los integrantes de la asamblea constituyente, probablemente mediante listas cerradas por regiones.
Es importante que simultáneamente se discuta, ya sea en el Congreso o en el Gobierno, cómo preparar los insumos para esa Convención: si cada corriente de opinión llega con propuestas concretas, podrá facilitarse la discusión y no empezar todo desde el comienzo, como si nada hubiera ocurrido. Recordemos que el año 2005, con las reformas propuestas por el presidente Ricardo Lagos, hubo un proyecto de reforma constitucional presentado por senadores de la Concertación y otro por senadores de la centroderecha. A partir de esa base se inició la discusión legislativa. Esa experiencia puede ser tomada en cuenta ahora.
Por supuesto, pueden considerarse como insumo algunos elementos de la propuesta constituyente recién votada, pues en ella hay importantes aportes que deben ser asumidos: están, por ejemplo, el capítulo del Buen Gobierno y las normas de probidad y transparencia, o bien los derechos sociales. Igualmente, debe tomarse como referencia el proyecto de nueva Constitución enviado por Michelle Bachelet en marzo de 2018. Personalmente, también considero de interés tener a la vista los contenidos señalados por la Asociación de Profesores de Derecho Constitucional, que han formulado documentos sobre acuerdos y disensos. Lo mismo vale para el aporte de las universidades y centros de pensamiento.
Hay una extensa e importante discusión que no debe ser olvidada o descartada.
El trabajo de la nueva Convención, entonces, podría concluirse en forma rápida para evitar que se contamine con las próximas elecciones municipales y regionales en octubre del 2024. Así las cosas, si la Convención empezara a funcionar en marzo, razonablemente podría estar su trabajo concluido en septiembre.
Su éxito dependerá en gran media de la forma en que se prepare su funcionamiento y del espíritu con que los futuros convencionales enfrenten la tarea. La legitimidad de la nueva propuesta dependerá no solo de su contenido, sino también de la forma en que sea adoptada, sin que ningún sector sea marginado, buscando acotar los disensos, entendiendo que una cosa es el marco constitucional para el proceso político y la vida social, y otra diferente la deliberación democrática en que los ciudadanos van definiendo el rumbo del país.
José Antonio Viera-Gallo
