Sr. Director:
La revista Mensaje ha contribuido históricamente a mostrar los diferentes rostros y el daño que genera la inseguridad. Los grados mayores de violencia, así como la extensión y la implantación territorial del delito, tienen con justa razón un lugar prioritario en las preocupaciones ciudadanas.
Sería un error quedarnos conformes con atribuir este fenómeno a un simple efecto mediático o una manipulación política de los adversarios políticos. Es válido contrastar datos de victimización (más bajos) y datos de percepción de temor (más altos). Pero ¿quién puede desconocer la dimensión subjetiva de la inseguridad y su impacto en las actividades que se dejan de hacer? ¿Quién puede negar la sofisticación y complejidad crecientes de la delincuencia, su relación con controles territoriales y bandas con mayor poder de fuego, logístico y financiero?
Otro error sería limitarnos a enumerar las falencias instrumentales de las policías, las brechas en su modernización o su descoordinación en las operaciones. En otras palabras, centrar toda discusión en la capacidad de represión policial, con el consiguiente correlato de la famosa «mano dura».
¿Qué tal si vemos el momento actual como un punto de inflexión? Se ha vuelto ineludible una reforma policial profunda, pero también un pacto político y societal. De nada sirve multiplicar acciones con responsabilidades difusas.
Pensar conjuntamente y para un horizonte que se sostenga en el largo plazo, es pensar desde normas acordadas y autoridades a cargo de hacer valer dichas normas. Bien sabían los teóricos del contrato social que la seguridad física es el piso para que podamos convivir en sociedad, para que se desplieguen en paz historias personales y colectivas. Por eso hay consenso en que nos demos normas y dejemos el monopolio de la fuerza en el aparato estatal. Pero ¿por qué la autoridad?
La autoridad, dice Alain Eraly, es una encarnación del colectivo. Supone una posición reconocida y el ejercicio de un rol. Es decir, tiene un poder normativo y una responsabilidad en nombre de ese colectivo. Hay a quien pedir cuentas, hay una posibilidad de exigir y perfeccionar el acuerdo del contrato social. Por eso la autoridad tiene que ser legítima, validada ante los ojos de todos.
En concreto, sin policías eficaces y legítimas, seguimos entrampados. Sin responsables políticos que convoquen a una hoja de ruta transparente, fuera de los tiempos presidenciales, y abierta al éxito compartido, no hay largo plazo. Sin comunidades informadas de las dificultades y de los esfuerzos realizados, pero además comprometidas a aceptar el reconocimiento de las autoridades policiales y políticas, no hay norma ejecutable.
Sería bueno que nos diéramos esa posibilidad. El tiempo corre.
Xavier Altamirano
Director ejecutivo de Horizonte Ciudadano
