Sr. Director:

Día a día conocemos normas que se aprueban en las distintas instancias de la Convención Constitucional, aunque a una velocidad que hace difícil su comprensión por parte de la ciudadanía. Al leer varias de las normas aprobadas, llama la atención la sobrepoblación de conceptos, que abren jurídicamente campos infinitos para las más febriles interpretaciones, antes que producir una regulación de principios coherente, armónica, basada en evidencia científica, suficientemente razonada y ampliamente consensuada. Parece surgir un borrador de nueva Constitución que responde en gran medida a una creciente obsesión por demostrar eficiencia y finalizar un texto en el menor plazo posible. Hay poco tiempo para escuchar, aquilatar, comparar, dialogar o corregir premisas erradas.

El problema es que se ignora lo que hemos aprendido en estos años de democracia en los procesos de formación de una ley. La evidencia señala que todo proceso exitoso de creación de normas necesariamente requiere recabar cantidades importantes de información, escuchar a quienes deseen exponer posiciones sobre la regulación específica, sobreponerse a prejuicios y pasiones iniciales y, finalmente, pasar por sucesivas deliberaciones y controles que aseguren el chequeo y balance que cualquier democracia exige.

Sin embargo, los primeros datos en la Convención apuntan en el sentido contrario. Por ejemplo, una cantidad enorme de especialistas y organizaciones no tuvieron la fortuna de ser escuchados o los recursos destinados para la contratación de asesores y asistencias técnicas son francamente ínfimos, afectando severamente la calidad del resultado.

Resulta así un imperativo ético y político cuidar la Convención y evitar el miedo a no cumplir con los plazos, que pareciera estar constriñendo la deliberación hasta casi anularla. Nadie puede desconocer la legitimidad de origen del proceso, pero eso no es capital social suficiente. Por ello, será relevante evaluar si los acotados tiempos destinados a este importante ejercicio democrático son los idóneos como para llegar a una nueva Constitución que, a lo menos, equilibre cuatro principios básicos: representatividad, legitimidad, estabilidad y gobernabilidad. De cómo se siga perfilando el proceso, además del nivel de razonabilidad de la propuesta generada, dependerá finalmente el resultado de una votación que puede consagrar un cambio histórico necesario o un fracaso rotundo de la democracia chilena.

Natalia Castillo, diputada RD;
Juan Cristóbal Portales y Pablo Gutiérrez,
Instituto Desafíos de la Democracia