Sr. Director:

Me dirijo a Ud. desde Iquique, donde en los últimos días he presenciado «como lo han hecho todos los chilenos» el drama humano que viven cientos de inmigrantes que solo pueden pernoctar al aire libre y escasamente atienden sus necesidades básicas.

Como Servicio Jesuita a Migrantes habíamos planteado hace ya un tiempo al delegado presidencial la necesidad de coordinar una respuesta adecuada a esta grave situación. Pero lo que ha habido, es básicamente una respuesta policial que se dio de tal manera que hubo personas que se sintieron con espacio para actuar con violencia.

Hay una responsabilidad humanitaria de parte de las autoridades para, en lo inmediato, lograr instalaciones donde estos migrantes puedan ser albergados, además de atender las necesidades de los niños que vienen con ellos, incluyendo sus requerimientos de salud y alimentación. Hasta el momento, solo hemos sabido del anuncio de la apertura de un albergue en una Iglesia en Iquique y otro en Colchane. Igualmente, se podría hacer gestión para que sean conducidos a donde están sus familiares o sus conocidos en el país, de manera que tengan posibilidades de contar con más apoyo.

Sin embargo, que ellos se trasladen sin un permiso de residencia a otras áreas, significa que solo se está llevando la precariedad de un lugar a otro. En la base de esta situación está la necesidad de que se les otorgue un estatus regular y cuenten así con la posibilidad de buscar un empleo formal e integrarse en las comunidades locales. Se da la paradoja de que ellos están necesitados de trabajo mientras en la zona centro sur del país hay carencia de trabajadores en la agricultura, como lo han advertido las autoridades de esa cartera.

El gobierno debe, por la simple vía reglamentaria, en el marco de la legislación de migración que está vigente, otorgar esa regularidad.

Por otra parte, el Estado chileno debe cumplir los tratados internacionales que ha suscrito. Estos le obligan a dar refugio a personas afectadas por una crisis en su país de las características de las que vive Venezuela. Son cinco millones y medio los venezolanos que han huido, en un éxodo casi comparable al de Siria.

Colombia creó un estatuto de protección temporal. Brasil ha reconocido a miles de venezolanos como refugiados. Chile creó una «visa de responsabilidad democrática», pero solo ha tenido resolución positiva el catorce por ciento de las solicitudes de esta. Hay acá una responsabilidad que, como país, no hemos sabido asumir.

Igualmente necesario es crear y reforzar instancias de coordinación en la región, asumiendo los distintos Estados con seriedad esta crisis.

Macarena Rodríguez
Presidenta del Directorio del Servicio Jesuita a Migrantes