Sr. Director:

El riesgo de que el nuevo Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS) termine resultando un factor que incentive una cierta segregación en la educación superior no es algo que haya sido debidamente considerado en el actual debate.

Resulta positivo que esta nueva modalidad ofrezca condiciones ventajosas para los estudiantes de educación superior, como también lo es que se proponga un organismo público que gestione y recupere los créditos, eliminando el papel que la banca tenía en estas operaciones. En ese sentido, el proyecto de ley debe ser considerado con atención y valorado en su mérito. Sin embargo, no se debe desconocer que su diseño puede terminar estableciendo dos regímenes universitarios: uno gratuito para los deciles de menores recursos y otro de pago con SIFS en el que se concentrarán los alumnos que pertenezcan a los deciles de mayor poder adquisitivo.

Esto se facilita porque el proyecto finalmente permite a las universidades no adscritas a la gratuidad que compensen la brecha entre el aporte estatal vía crédito y el costo real de cada carrera, compensación que pueden buscar imponiendo un crédito adicional a cada estudiante. Y si este último pertenece a los deciles 7 a 10, se producirá una diferencia todavía mayor. Será así, porque mientras en ese caso las instituciones no adscritas a gratuidad podrán cobrar un copago sin restricción alguna, las que sí están adscritas a la gratuidad estarán impedidas de hacerlo, ya que tendrán fijados tanto el precio que pueden cobrar como el número de alumnos que pueden matricular.

El escenario resultante será análogo a aquel que ha intentado corregir la Ley de Inclusión Escolar: es decir, la existencia de escuelas municipales gratuitas y financiadas únicamente con subsidio estatal y, simultáneamente, la operación de colegios particulares subvencionados que recibían ese subsidio, pero que además podían cobrar un copago a los estudiantes.

Dicho de otro modo, el proyecto de financiamiento ahora impulsado va a permitir una discriminación entre dos tipos de instituciones universitarias receptoras de subvención estatal. Estarán las que podrán cobrar un copago a alumnos que estarán recibiendo el subsidio del crédito. Y estarán también las que deberán operar con gratuidad para algunos de sus alumnos y con precio fijo para el resto. Estas últimas restricciones las tendrán las universidades estatales y las públicas no estatales, generando un sistema que favorece la segregación.

Resolver este problema, no pasa por desmejorar la situación en que quedarían las universidades no adscritas a gratuidad, sino que, por el contrario, requiere generar condiciones más favorables para que las universidades se adscriban a gratuidad, o que, a lo menos, la decisión de adscribirse esté fundamentada en la misión y proyecto universitario, y no tan mediada por razones económicas.

Hay aquí una complejidad mayor para la meta de avanzar hacia una educación superior de excelencia e inclusiva.

Asimismo, queda aún por resolver el ya por largo tiempo postergado tema del financiamiento de la investigación que realizan universidades complejas adscritas a la gratuidad. Se ha argumentado que ellas reciben un aporte compensatorio, pero este es muy inferior a los aportes basales dirigidos a los veintisiete planteles adscritos al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, CRUCH.

Eduardo Silva S.J.
Rector Universidad Alberto Hurtado