Sr. Director:

Resulta penoso que en los últimos días el Gobierno haya invertido tanto tiempo en tramitar una ley de expulsiones escolares —proyecto «Aula Segura»—, mientras los problemas reales del sistema escolar quedan desatendidos.

Nuestro sistema escolar lleva ya años tratando de incorporar políticas de inclusión estudiantil que nos permitan respetar los tratados internacionales de derechos a la educación y dignidad de niños y niñas. Sin embargo, el Gobierno ha optado por privilegiar una estrategia comunicacional que promueve la exclusión de estudiantes para demostrar que posee dominio y control sobre la seguridad y orden públicos.

Primero, es importante insistir en que existen distintas políticas que regulan la suspensión y expulsión de estudiantes en Chile. Por ejemplo, la Ley N° 20.845, sobre inclusión escolar, permite que, en casos de violencia extrema, el director de un establecimiento, respetando un debido proceso, pueda aplicar la suspensión o la expulsión. Efectivamente, en esa normativa hay un cierto problema en cuanto a que señala que un estudiante suspendido no podría ser expulsado, pues hacerlo en ese caso implicaría que se le está aplicando una doble sentencia. Sin embargo, corregir ese aspecto no ameritaba una ley nueva. Bastaba corregir lo existente y especificar mejor los reglamentos de convivencia.

En segundo lugar, la investigación nacional e internacional es contundente en afirmar que las expulsiones de estudiantes son estrategias no efectivas para desactivar problemas de violencia en una escuela. Por el contrario, las políticas punitivas hacen que recrudecen las conductas violentas al interior de los establecimientos. Este argumento fue repetido incesantemente por parte de los investigadores que asistimos a la Comisión de Educación del Senado. Hay que tener muy presente que, en el Chile de hoy, las escuelas claman por más apoyo psicosocial y redes de colaboración para abordar problemas de violencia, que son profundos y sistémicos. Sobre esto último el proyecto de ley no se pronuncia.

El proyecto del Ejecutivo fue intervenido en las comisiones del Senado, lo cual es positivo. Se amplió la comprensión de los actos de violencia extrema y se incluyó en la regulación a los colegios particulares pagados, entre otros avances. No obstante, en el texto se mantiene la idea de que la expulsión de estudiantes contribuye a la seguridad de la escuela. Y, con ello, retrocedemos en los esfuerzos desplegados para que la escuela sea un espacio de inclusión y educación. Ahora la palabra la tiene la Cámara de Diputados. Es de esperar que el debate en esta etapa sea más sensible a las contundentes evidencias de la investigación sobre el tema.

María Teresa Rojas — Académica U. Alberto Hurtado