Sr. Director:
Entre las diversas opciones que se consideraron en las conclusiones de julio de 2006 del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma del Sistema Previsional, presidido por Mario Marcel, nunca fue considerada la de retirar los aportes a la previsión social.
Como integrante de esa instancia, soy testigo de cómo, hace quince años, ninguno de los trece expertos que la integraron propuso considerar esa fórmula como parte de alguna solución. Por el contrario, algunos propusimos aumentar progresivamente la proporción de los aportes, hasta llegar a una cifra cercana al promedio de los países desarrollados (18%), idea fundamentada, sobre todo, teniendo en cuenta la creciente longevidad de los chilenos. Si la ley que en definitiva se aprobó el año 2008 hubiera acogido esta propuesta, las jubilaciones serían hoy más altas y, en el futuro, todavía mucho más altas.
Hoy en día, permitir —como se propone en distintas iniciativas parlamentarias— continuar que los afiliados retiren recursos de sus fonos de pensiones, es una pésima política pública. Constituye una tremenda irresponsabilidad frente al futuro de la nación. Sobre todo, considerando que, al estallar la pandemia, el Estado tenía abundantes reservas y podía recurrir a créditos internacionales a un costo cercano a cero para enfrentar las necesidades de los más afectados. Ambas variables están ahora desapareciendo, lo cual debilita la capacidad del país de hacer frente a esa situación.
En las sociedades primitivas, la subsistencia en la vejez se fundaba en los hijos, en la vivienda y, con frecuencia, en un pedazo de tierra. En los países modernos, desde Bismark hasta nuestros días, se basa en los sistemas de seguridad social, que reciben aportes de los empleadores, de los trabajadores y del Estado, dedicados exclusivamente a financiar las jubilaciones y pensiones. No se permite retirar los aportes y destinarlos a otra finalidad, por importante que sea, ya que la mayoría de las personas tienden a privilegiar el beneficio presente, aunque corran el riesgo de quedar sin recursos para la vejez.
El primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet pasó a la historia como el que logró instalar un sólido y flexible Pilar Básico Solidario en el Sistema de Pensiones chileno, lo que ha beneficiado a los ciudadanos más pobres y, en especial, a las mujeres. Lamentablemente, el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera pasará a la historia como el que contribuyó, junto con el Parlamento de mayoría opositora, a rebajar drásticamente el monto de las jubilaciones, con un gravísimo daño para los adultos mayores y los más pobres.
Jaime Ruiz-Tagle Portales
